Después de los últimos acontecimientos sucedidos en Talcahuano, donde dos niños fueron heridos a bala tras una intervención policial, proponemos reenfocar la tragedia llamando a una profunda reflexión sobre lo que está pasando con la infancia en Chile.
Según el informe “niños, niñas y adolescentes 2020” de UNICEF, en Chile tenemos 4.259.155 niños y niñas, los que representan el 24% de nuestra población y una situación que tiene datos alarmantes: más del 60% de los cuidadores principales reconocen el uso de métodos de disciplina violentos en la crianza, un 46% de estudiantes entre séptimo básico y tercero medio afirma haber sufrido un acto de violencia constitutivo de delito y un 6,6% (219 mil niños) están en situación de trabajo infantil, teniendo más de 70 mil que están en trabajos considerados peligrosos y bajo la edad permitida (entre 5 y 14 años).
De todo ese enorme grupo y sus dificultades gigantescas, los que están más vulnerables son los más de 187 mil niños, niñas y adolescentes que son atendidos en Chile por el Servicio Nacional de Menores, SENAME.
Para SOPNIA la violencia es la pérdida de la base para proteger el futuro y presente de Chile. Lograr una atención multidimensional de la infancia más vulnerada en Chile es urgente, donde el diagnóstico compartido es que el Sename ha sido y es insuficiente para la altura de su desafío: No está organizado de forma adecuada al reunir niños y niñas en condiciones diversas, no cuenta con personal capacitado y carece de recursos para contratar profesionales que puedan hacerse cargo de los múltiples factores biopsicosociales asociados al desarrollo de la infancia.
También queremos manifestar nuestro rechazo al foco en la criminalización del adolescente infractor, omitiendo las complejidades del proceso que llevó a estos niños, niñas y adolescentes a una situación vulnerable y vulnerada, que lleva a la estigmatización y a validar la segregación, temas que solo suman complejidades para su desarrollo normal.
Es por ello que exigimos a las autoridades aumentar la inversión total en salud mental del Ministerio de Salud, para que podamos avanzar del 2 al 6% del total, cifra recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que en el contexto de pandemia no solo resulta recomendable, sino urgente.
Decir que los niños y niñas son primero debe pasar del deseo a la acción. Décadas de retraso y maltrato hacen de este tiempo de pandemia una oportunidad para enfrentar de manera decidida la crisis que vive sostenidamente nuestro país. Chile requiere una focalización que pase del evento noticioso a la gestión médica y pública, que avance del diagnóstico –transversalmente crítico- a una política pública que permita afirmar que en nuestro país, efectivamente, los niños y niñas son primero siempre, no solo cuando tienen los recursos para costearlo.