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La solución de Justicia para enfrentar el último coletazo de la era Lagos

Domingo 7 de mayo de 2006, EL MERCURIO REPORTAJES

Aunque fue promulgada con fanfarria, hoy -a un mes de su supuesta entrada en vigencia- esta ley no tiene piso estructural. El propio ministro Solís debió salir al paso e idear una fórmula para evitar que termine convirtiéndose en un segundo Transantiago.




CONSTANZA HOLA Y KATHERINNE HERNÁNDEZ

"La cárcel como último recurso". Ése era el eslogan de la nueva Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, por lo menos cuando se tramitó y aprobó.

Hoy la historia es distinta. El martes la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recibió un informe del ministro de Justicia, Isidro Solís. El secretario fue claro: algunos de los centros del Sename no estarían listos hasta fines de 2007 lo que, sumado a ciertas "preocupaciones" respecto de la ley, hacía improbable ponerla en marcha el 8 de junio.

A partir de esta situación, comenzaron a barajarse tres posibilidades. La primera y menos probable es echar a andar la ley tal cual como está. La segunda es postergar la fecha de implementación hasta que estén las condiciones para lanzarla a nivel nacional. Sin embargo, el ministro Solís enfatiza que ninguna reforma comienza a capacidad completa. "No podemos pensar que el sistema, en la totalidad de sus medios, esté disponible el 8 de junio", señala. Por último, la solución más viable - y la que propondría Justicia en la reunión con la comisión esta semana- es implementarla gradualmente con un calendario de aplicación por regiones. "Como máximo en un año", según el propio Solís.

Aunque el gobierno anterior se comprometió a respetar los plazos, el actual debió asumir que eso sería irresponsable. "Como presidente de la comisión les pregunté en varias oportunidades a los representantes del Ministerio si se contaba con los recursos. La respuesta fue clara: sí. Sólo entonces aprobamos el proyecto", explica el senador Alberto Espina, ex presidente de la comisión.

Pero hasta el minuto, lo único completamente habilitado son los centros privativos de libertad para régimen cerrado (ver infografía), pese a que el gran cambio que trae la legislación son precisamente las otras penas. "Si los jueces no tienen un programa al cual derivar al joven -como servicios a la comunidad o libertad asistida-, la ley se transforma en letra muerta", explica Francisca Werth, investigadora de Paz Ciudadana.

Aparte de las exigencias estipuladas por la ley, la comisión anterior presentó algunos requerimientos en términos de cupos que hoy se desconocen por "no estar documentados", según el ministro Solís. Por ejemplo, en términos de monitores para la libertad asistida, lo mínimo requerido eran alrededor de 120 -considerando 1 cada 40 niños-, sin embargo, "hay una cantidad importante de monitores que no están capacitados ni contratados (por el Sename)", explica el senador José Antonio Gómez, presidente de la comisión actual.

Además, el Ministerio Público había requerido un mínimo de 50 fiscales, pero se capacitaron 22. Defensoría, por su parte, debía cubrir 22 mil causas, pero sólo obtuvo presupuesto para la mitad.

De cualquier foma, la ley deberá postergarse hasta que el Congreso apruebe una reforma constitucional que avale su aplicación gradual. Mientras, los interesados deberán cambiar del eslogan la palabra "última" por "única" y esperar a ver qué pasará con uno de los proyectos más tramitados de la era Lagos.

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